Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS
Michael R. Bloomberg, Alcalde de Nueva York de 2002 a 2013
Por primera vez, los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se están negociando en estos momentos en las Naciones Unidas, abordarán el consumo de tabaco –y las enfermedades crónicas a él asociadas– como un problema de desarrollo. Ya iba siendo hora.
Las enfermedades relacionadas con el tabaco se cobran cada año en el mundo entero la vida de 6 millones de personas. Dicho de otro modo: el tabaco mata 1 persona cada 6 segundos o 10 personas cada minuto. Se estima que para 2030 el tabaquismo causará cada año unos 8 millones de defunciones; el 80% de esas muertes se producirán en los países en desarrollo. Tan solo en los Estados Unidos de América, las enfermedades relacionadas con el tabaco entrañan un gasto médico anual de US$ 170 000 millones.
Sin embargo, la causa de estos problemas –la venta de tabaco– también podría contribuir a una solución. La industria tabacalera, que genera más de US$ 35 000 millones en beneficios anuales, debe asumir los costos que inflige a la sociedad. Y hay una manera bien sencilla para asegurar que lo haga: el pago de impuestos. Después de todo, ¿por qué han de subvencionar los gobiernos en la práctica a las tabacaleras pagando la factura de los costos de atención sanitaria que ocasionan?
Aumentar los impuestos sobre los cigarrillos y otros productos de tabaco se ha utilizado mayormente como una estrategia para reducir el consumo, y ello con unos resultados sumamente satisfactorios. Ha quedado demostrado que las subidas de impuestos reducen el consumo, alientan a los fumadores a abandonar el tabaco y disuaden a los jóvenes de adoptar la hábito de fumar. De hecho, los jóvenes constituyen el grupo demográfico más sensible a las fluctuaciones de precio, ya que tienden a disponer de menos ingresos. Las poblaciones de escasos ingresos también son sensibles a las subidas de precio, lo que convierte los impuestos sobre el tabaco en un arma especialmente eficaz en los países más pobres, donde los niveles de consumo están creciendo a un ritmo especialmente rápido.
Esos mismos países son también los que mayor necesidad tienen de mejorar los servicios de atención sanitaria. Los impuestos sobre el tabaco, además de reducir la carga que deben soportar los sistemas de salud, pueden ayudar a los países a absorber el ingente costo que les impone el tabaquismo. Afortunadamente, los gobiernos del mundo entero han empezado a abrazar la idea de que los impuestos sobre el tabaco ofrecen la oportunidad de alcanzar estas dos metas fundamentales: reducir el consumo y aumentar los ingresos. En países tan diversos como Sudáfrica, Francia y Nueva Zelanda, los impuestos han contribuido a restringir el consumo de tabaco, al tiempo que han proporcionado fondos para financiar la atención de salud.
En 2012, por ejemplo, Filipinas aprobó una histórica ley de reforma tributaria que contempla una serie de impuestos de castigo. La nueva legislación, que supuso una subida de más del 300% en los impuestos aplicables a las marcas de cigarrillo de bajo precio, prevé que los ingresos así obtenidos se destinen a la financiación del programa de seguro médico universal del país. Para 2014, el Gobierno pudo subsidiar, a través de estos fondos, las primas de seguro médico correspondientes a cerca de la mitad de la población.
La industria del tabaco, obviamente contraria a la idea de que tener que sufragar el costo de las enfermedades crónicas que sus productos provocan a largo plazo, ha puesto todo su empeño en persuadir a los gobiernos, tanto de forma directa como por medio de grupos de fachada, de hacer un uso moderado de los impuestos. Si tratándose de cualquier otro producto de consumo se llegara a saber que mata a 1 de cada 2 personas que lo consumen, se emplazaría a los gobiernos a que lo prohibiesen y se exigiría el enjuiciamiento de las empresas dedicadas a su fabricación. Sin embargo, en gran parte del mundo, el tabaco solo está sujeto a niveles mínimos de regulación y tributación.
Esto contrasta con el hecho de que la aplicación de impuestos sobre el tabaco ya ha sido formalmente apoyada por un considerable número de gobiernos que representan al 90% de la población del planeta, por medio de un tratado mundial jurídicamente vinculante –el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT)–, como un medio importante y eficaz para reducir el tabaquismo. El CMCT incluso proporciona a los Gobiernos una serie de directrices para reforzar los impuestos sobre el tabaco.
Si, como creemos que debería ser, el principal cometido de todo Gobierno es proteger la vida de sus ciudadanos, los impuestos sobre el tabaco constituyen un instrumento valiosísimo. Las Naciones Unidas deben alentar a los países a incrementar los impuestos sobre el tabaco con miras a apoyar los objetivos mundiales de desarrollo y reducir el tabaquismo.
Este comentario se publicó el 2 de octubre de 2015 en el Washington Post.