Su Excelencia Sr. Dmitry Medvedev, Vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia,
Su Excelencia Sr. Konstantin Chuychenko, Honorable Ministro de Justicia de la Federación de Rusia,
Sra. Marija Pejcinovic Buric, Secretaria General del Consejo de Europa,
Sr. K Shanmugam, Ministro del Interior y Ministro de Derecho de la República de Singapur,
Sr. Zhenghua Fu, Ministro de Justicia de la República Popular China,
Excelencias, queridos colegas y amigos:
Gracias por la oportunidad que me han brindado hoy de unirme a ustedes. Me gustaría expresar mi gratitud a la Federación de Rusia por convocar este evento tan importante en circunstancias muy difíciles.
También expreso mis condolencias a todas aquellas personas de la Federación Rusa que han perdido a un ser querido por la COVI-19, y mis mejores deseos a todos aquellos que están luchando ahora por sus vidas.
Acaban de cumplirse 100 días desde que se nos notificara por primera vez la enfermedad vírica a la que posteriormente denominamos COVID‑19 y que ahora se ha propagado por todo el mundo.
No solo nos enfrentamos a graves consecuencias para la salud, sino también a importantes trastornos socioeconómicos.
La pandemia ha ejercido nuevas presiones sobre los estados, las comunidades y las personas, y les ha cargado con nuevas responsabilidades.
El estado de derecho es lo que garantiza el funcionamiento y la estabilidad de nuestros países, que juntos conforman la comunidad internacional.
Necesitamos el estado de derecho no solo en tiempos de paz, sino sobre todo en tiempos de grandes incertidumbres.
En el plano mundial, el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) proporciona un marco jurídico vital para reunir a todos los Estados Miembros de la OMS con el fin de hacer frente a las emergencias sanitarias mundiales.
Debemos trabajar mano a mano con un propósito común y responsabilidades compartidas.
El propósito fundamental del RSI es prevenir la propagación internacional de enfermedades y responder a ellas reduciendo al mínimo las interferencias con el tráfico internacional, lo que en este caso significa el suministro de productos médicos, alimentos y otros artículos y personal esenciales.
Un principio clave del RSI es que debe aplicarse con pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y la libertad fundamental de las personas. Esto es esencial.
El estado de derecho tiene un papel fundamental en la lucha contra esta pandemia. A medida que los países se esfuerzan por contener y mitigar el virus, surgen muchos desafíos sociales que requieren respuestas jurídicas, reglamentarias y éticas.
Algunos países han tenido que desempolvar sus antiguas leyes de cuarentena, y otros han invocado por primera vez disposiciones de nuevas leyes que aún no habían sido probadas en escenarios de la vida real.
Los gobiernos han emitido órdenes para requisar hospitales y suministros médicos, aislar a miles de casos, poner en cuarentena a decenas de miles de contactos y confinar a millones de personas.
El RSI es un marco jurídico internacional. Para que sea eficaz y eficiente, las leyes y reglamentos nacionales también deben enmarcar la respuesta. Deben estar claramente articulados, ser adoptados y aplicados con rapidez, ser proporcionales a las circunstancias y tener una duración limitada.
En medio del apremio de las medidas de emergencia, es fundamental que protejamos a nuestras poblaciones más vulnerables.
Las poblaciones en entornos humanitarios se encuentran en una situación de riesgo especial. Tienen pocos recursos y escaso acceso a la atención sanitaria y a la infraestructura básica. El distanciamiento físico y el lavado de manos pueden no ser posibles, lo que pone en riesgo a comunidades enteras.
Los países que tienen la gran responsabilidad de acoger a estas poblaciones vulnerables deben recibir las herramientas y los recursos necesarios para protegerlas y proporcionarles el apoyo que necesitan.
Muchos países han establecido medidas muy restrictivas de distanciamiento físico. Entre ellas figuran el cierre de fronteras, la declaración de un estado de emergencia nacional, el cierre de ciudades o países enteros y el cierre de escuelas y empresas.
En esta época de crisis, estas medidas sin precedentes están motivadas por el deseo de proteger a las poblaciones reduciendo la propagación del virus y, de este modo, «aplanar la curva».
Sin embargo, al aplicar estas medidas es necesario respetar los derechos humanos y la dignidad, como establecen el RSI, los instrumentos regionales de derechos humanos, incluido el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Los gobiernos deben ser transparentes con sus poblaciones e informarles periódicamente sobre la forma en que se están aplicando las medidas y sobre su duración prevista.
Es fundamental que los gobiernos tranquilicen a la población informándola de que, una vez que la crisis haya pasado, esas medidas se suspenderán y podrán retomar sus vidas.
En particular, durante este tiempo los países tienen que asegurarse de proteger y apoyar a los colectivos vulnerables como las personas de edad avanzada y los refugiados, entre otros. Nos preocupa especialmente la información que proporcionan muchos países sobre una tendencia al alza de la violencia doméstica vinculada a las medidas de permanencia en el hogar. Esta debe ser una esfera de interés para todos los países.
Las medidas restrictivas que los gobiernos están aplicando ya están teniendo un impacto masivo en los medios de vida. Debemos planificar y adoptar medidas apropiadas para aliviar las repercusiones económicas de la pandemia. Las vidas y los medios de subsistencia deben tomarse en consideración conjuntamente.
La OMS está trabajando con expertos y otras organizaciones internacionales para examinar la aplicación de las leyes de salud pública durante esta pandemia y proporcionar orientación.
La COVID-19 está perturbando nuestras sociedades, pero no puede, ni debe, sacudir nuestros cimientos. La historia nos juzgará no solo en función de si superamos esta pandemia, sino también por la forma en que lo hagamos.
Un día —esperemos que pronto— esta crisis quedará atrás. Sin embargo, miles de millones de personas seguirán enfrentándose cada día a sus propias crisis sanitarias personales: la crisis de no tener acceso a los servicios sanitarios esenciales que necesitan y la crisis de no poder pagar esos servicios.
Para la OMS no hay una prioridad mayor que la cobertura sanitaria universal, de modo que todas las personas tengan acceso a los servicios sanitarios esenciales sin sufrir por ello dificultades financieras.
La cobertura sanitaria universal tiene beneficios evidentes para la salud y la productividad de las personas, las familias y las comunidades. Pero también es la mejor defensa contra brotes como el de la COVID‑19.
Los países con sistemas de salud sólidos son los que mejor pueden proteger a su población y sus economías de los efectos de las emergencias sanitarias.
Aquí también el estado de derecho desempeña un papel central.
En todo el mundo, cada vez más países —incluida la Federación de Rusia— han consagrado el derecho a la salud en sus constituciones. Y más países están promulgando leyes para hacer efectivo ese derecho.
El año pasado, los legisladores de muchos países, reunidos en el Congreso de la Unión Interparlamentaria celebrado en Belgrado, se comprometieron a aprovechar el poder de los parlamentos para avanzar hacia la cobertura sanitaria universal. El papel de los parlamentarios es, como saben, muy importante.
Gracias a todos ustedes por su compromiso y apoyo para aprovechar las leyes con el fin de mitigar la crisis actual y trabajar en pro de un mundo más sano, seguro y justo.
El compromiso de la OMS es servir a todas las personas de todos los países para promover la salud, preservar la seguridad del mundo y servir a los vulnerables.
Gracias. Spasiba.