Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Desde principios de diciembre viene aumentando el número de muertes por COVID-19 que se notifican semanalmente.
En las últimas ocho semanas han muerto de COVID-19, en total, más de 170 000 personas.
Y hablamos solo de las muertes notificadas. La cifra real de fallecimientos es mucho mayor.
Casi exactamente tres años después de la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional, que es nuestro máximo nivel de alerta, el Comité de Emergencia sobre la COVID-19 se reunirá esta semana para analizar si la situación actual aún constituye una emergencia mundial.
Si bien no deseo adelantarme a la opinión del Comité de Emergencia, sigo muy preocupado por la situación reinante en muchos países y por el creciente número de muertes.
Aunque estamos claramente mejor que hace tres años, cuando esta pandemia empezó a golpearnos, la respuesta colectiva mundial está una vez más cediendo terreno.
Son demasiado pocas las personas que están debidamente vacunadas, por lo esencial personas mayores y trabajadores de la salud.
Son demasiadas las personas cuyas dosis de refuerzo van con retraso.
Son demasiadas las personas para las que los antivirales siguen siendo caros e inalcanzables.
Son demasiadas las personas que no reciben atención adecuada.
Sistemas de salud que están en posición de fragilidad bregan para hacer frente a la carga que supone la COVID-19, además de atender a pacientes con otras enfermedades, como la gripe o las infecciones por virus sincitiales de las vías respiratorias.
Las labores de vigilancia y de secuenciación genética han decaído drásticamente en todo el mundo, lo que dificulta el seguimiento de las variantes conocidas y la detección de otras nuevas.
Y la marea que nos inunda de pseudociencia e información engañosa erosiona la confianza en herramientas que son seguras y eficaces para combatir la COVID-19.
Mi mensaje es diáfano: no subestimemos este virus. Nos ha sorprendido y lo seguirá haciendo, seguirá matando a menos que redoblemos esfuerzos por hacer llegar herramientas de salud a quienes las necesitan y por abordar de forma integral la cuestión de la información engañosa.
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La COVID-19 no es la única amenaza que tiene ante sí la humanidad.
Desde principios de año me vengo refiriendo a la multitud de amenazas que exigen una respuesta sin precedentes, desde el cólera hasta los conflictos y la crisis climática.
El número de personas que necesitan socorro humanitario ha aumentado en casi un 25% con respecto al año pasado, hasta cifrarse hoy en 339 millones.
Un 80% de las necesidades humanitarias que hay en el mundo tienen por origen un conflicto.
Y alrededor de la mitad de los casos de muerte materna o infantil evitable se produce en contextos frágiles, afectados por conflictos y vulnerables.
El mundo no puede mirar hacia otro lado y esperar que estas crisis se resuelvan solas.
Por todo ello exhortamos a nuestros donantes a que apoyen el llamamiento de la OMS de emergencia sanitaria, que apunta a recaudar 2 500 millones de dólares estadounidenses.
Estos fondos servirán para apoyar la labor de la OMS y sus asociados sobre el terreno, ayudando a los más vulnerables en más de 50 emergencias que están hoy en curso, once de ellas de grado 3, que es nuestro nivel de emergencia más alto.
Si disponemos de fondos y emprendemos acciones urgentes, podemos salvar vidas, secundar las labores de recuperación, evitar la propagación de enfermedades, dentro de los países y allende las fronteras, y contribuir a que las comunidades tengan la posibilidad de reconstruirse mirando al futuro.
De lo contrario, no llegaremos a todas las personas que más necesitan ayuda.
Como dijo el ex primer ministro Gordon Brown al presentar el llamamiento: la esperanza muere cuando faltan los medicamentos, las vacunas y los tratamientos.
Pero la esperanza renacerá si logramos costear los medicamentos, facilitar personal médico, equipar a los trabajadores de la salud y atajar las muertes y el sufrimiento evitables.
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En los últimos cuatro meses, varios países han notificado incidentes relativos a jarabes antitusígenos infantiles contaminados.
El año pasado, la OMS dio la voz de alarma publicando alertas médicas referidas a Gambia, en octubre, y a Indonesia, en noviembre, así como a Uzbekistán a principios de este mes.
Los casos observados en estos tres países guardan relación con más de 300 muertes, pero sabemos que hay al menos siete países afectados.
La mayoría de las personas muertas eran menores de cinco años.
Estos contaminantes son sustancias químicas tóxicas utilizadas como anticongelante o disolvente industrial que pueden ser mortales incluso en pequeñas cantidades y que nunca deberían encontrarse en un medicamento.
Esta semana, la OMS hizo un llamamiento urgente a países, fabricantes y proveedores para que redoblasen los esfuerzos destinados a evitar y detectar la contaminación de medicamentos y a reaccionar con rapidez llegado el caso.
Los gobiernos deben intensificar la vigilancia para poder detectar y retirar de la circulación todo medicamento de calidad subestándar señalado en las alertas médicas de la OMS.
Asimismo, deben hacer cumplir las medidas legales para ayudar a atajar la fabricación, distribución y utilización de medicamentos de calidad subestándar o falsificados.
Los fabricantes, por su parte, deben comprar ingredientes de calidad farmacéutica a proveedores cualificados y realizar pruebas exhaustivas antes de su utilización.
Los proveedores, por último, deben comprobar siempre que no haya señal alguna de contaminación en los medicamentos y distribuir o vender únicamente medicamentos autorizados por las autoridades competentes que provengan de fuentes aprobadas por estas.
Todas las muertes evitables duelen, pero cuando muere un niño este dolor se agiganta y exige
una adecuada respuesta.
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Ayer la OMS hizo público un importante informe sobre las grasas trans, cuyos datos demuestran que aún hay en el mundo 5 000 millones de personas que están desprotegidas frente a estas sustancias químicas tóxicas, que se utilizan en muchos alimentos y acrecientan el riesgo de cardiopatía y muerte.
En 2018, la OMS formuló un llamamiento mundial, que nuestros asociados difundieron, para la eliminación de las grasas trans, que no aportan ningún beneficio para la salud, sino que la ponen en grave peligro.
Por aquel entonces, solo 550 millones de personas estaban protegidas por políticas que prohibían el uso de grasas trans de producción industrial, principalmente en países de ingresos altos de Europa y las Américas
Hoy en día tienen implantadas este tipo de políticas 43 países, que en conjunto albergan a un tercio de la población mundial.
El año pasado, la India fue el primer país de ingresos mediano-bajos en instaurar una política de prácticas óptimas.
Bangladesh, Filipinas y Ucrania han aprobado políticas que entrarán en vigor en los próximos años, al igual que tienen previsto hacer pronto Nigeria y Sri Lanka.
Así que ha habido grandes progresos, pero aún queda mucho camino por recorrer.
Saludo a aquellos países y fabricantes que ya han dado un paso adelante y exhorto a todos los países y fabricantes a que, de una vez por todas, se deshagan de las grasas trans.
Porque los alimentos deben ser fuente de salud, no causa de enfermedad.
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Deseo terminar declarando cuánto deploramos el secuestro de nuestro colega de la OMS, Dr. Mahamadou Diawara, que un grupo de asaltantes no identificados extrajo de su coche el 23 de enero en la ciudad de Menaka, en el norte de Malí.
Estamos trabajando con las autoridades locales para investigar el secuestro y lograr que nuestro colega pueda volver rápidamente con su familia.
El personal de salud nunca debería ser un objetivo.
Christian, tiene de nuevo la palabra.