El conflicto armado y la pandemia de COVID-19 amenazan gravemente la vida en Libia y ponen en peligro la salud y la seguridad de toda la población.
Desde que se desató el conflicto hace nueve años, alrededor de 400 000 libios han sido desplazados. Cerca de la mitad de estos desplazamientos se han producido el año pasado, a raíz de los ataques sufridos en Trípoli, la capital del país.
A pesar de los reiterados llamamientos al alto el fuego por motivos humanitarios, incluidos los del Secretario General de las Naciones Unidas, el mantenimiento de las hostilidades dificulta el suministro de material humanitario básico y el acceso a él. Los trabajadores humanitarios se enfrentan cada día a obstáculos considerables para llevar a cabo su misión. En marzo de 2020, los asociados en la acción humanitaria notificaron 851 situaciones en que se había limitado la circulación de personas y la distribución de artículos humanitarios desde fuera de las fronteras de Libia y hacia el interior del país.
La situación de muchos migrantes y refugiados es especialmente alarmante. Desde principios de año, más de 3200 personas han sido interceptadas en el mar y devueltas a Libia. Muchas terminan en uno de los once centros de detención oficiales, mientras que otras son trasladadas a instalaciones o centros de detención no oficiales donde no llega la ayuda humanitaria. Las Naciones Unidas han reiterado repetidamente que Libia es un puerto inseguro al que no se debe enviar a las personas rescatadas en el mar, porque pueden sufrir detenciones arbitrarias.
Las mujeres, los niños y las niñas siguen siendo los grupos más afectados por el actual conflicto armado en el país: durante el año pasado, las Naciones Unidas constataron 113 casos de graves violaciones de derechos, entre ellas asesinatos y mutilaciones de niños y niñas y ataques a escuelas y centros de salud. Se han bombardeado hospitales y establecimientos sanitarios, perturbando más si cabe un sistema nacional de salud que ya está muy debilitado. Desde principios de año se han perpetrado al menos 15 ataques que han dañado establecimientos sanitarios y ambulancias y han herido a profesionales sanitarios. Estos ataques, que son una flagrante violación del derecho internacional humanitario, resultan aún más atroces durante la pandemia de COVID-19.
La llegada de la COVID-19 a Libia supone una carga más para un sistema de salud desbordado y agrava la situación de las personas más vulnerables dentro del país. Al 13 de mayo, se había confirmado esta enfermedad en 64 personas en distintas partes del territorio (tres de ellas habían fallecido). Esta constatación demuestra que el virus se está transmitiendo a nivel local/comunitario. El riesgo de escalada de la epidemia es muy alto.
Los problemas existentes de seguridad alimentaria se están recrudeciendo a causa de la propagación de COVID-19 y de su impacto socioeconómico en las familias libias. Las últimas evaluaciones de los mercados indican que, en la mayoría de las ciudades, los alimentos básicos escasean y los precios están subiendo. Los planes de respuesta se están viendo afectados por la limitada disponibilidad de artículos en el mercado, el incremento de los precios y las interrupciones en la cadena de suministro. Es fundamental seguir velando por la seguridad alimentaria dentro del país para que esta crisis sanitaria no se convierta también en una crisis alimentaria.
Instamos a todas las partes en el conflicto a proteger las instalaciones críticas para el abastecimiento de agua. Nos causa una enorme preocupación que estas instalaciones estén siendo diana de ataques deliberados e indiscriminados, pues ello desprotege a miles de mujeres, niños y niñas y dificulta la práctica de medidas básicas de prevención antivírica, como el lavado de las manos.
Nos adherimos al llamamiento del Secretario General en favor de un alto el fuego global y una pausa por motivos humanitarios a fin de salvar vidas y permitir que las autoridades libias y sus asociados dediquen sus energías a detener la propagación de la COVID-19. La comunidad internacional no debe soslayar el conflicto que asuela este país y sus efectos catastróficos en la población civil, incluidos los migrantes y los refugiados.
A pesar de los enormes problemas que enfrentan, las Naciones Unidas y nuestros asociados en la acción humanitaria en Libia han seguido atendiendo a las personas más vulnerables. Para seguir satisfaciendo las necesidades de emergencia, es necesario conseguir financiación urgentemente para destinarla, entre otros fines, a servicios vitales de apoyo como el Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas. Esperamos con gran interés que, tal como anunció el Gobierno de Acuerdo Nacional, se cumplan pronto los compromisos financieros asumidos para llevar a cabo el Plan de respuesta humanitaria para Libia. Hasta ahora, los donantes han mantenido su apoyo. Les pedimos que continúen mostrando su generosidad y que ayuden al pueblo libio en sus esfuerzos por lograr la paz, en este momento en que resulta aún más necesaria.
Firman esta declaración:
Mark Lowcock, Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas
Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF
Dra. Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas
David Beasley, Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud
António Vitorino, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones