«La pandemia es un recordatorio de la íntima y delicada relación entre las personas y el planeta. Cualquier esfuerzo por hacer nuestro mundo más seguro está condenado a fracasar a menos que aborde la interfaz crucial entre las personas y los patógenos y la amenaza existencial del cambio climático que está haciendo que nuestro planeta sea menos habitable».
Alocución del Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la 73.a Asamblea Mundial de la Salud. 18 de mayo de 2020.
Enseñanzas extraídas de la COVID-19
La COVID-19 constituye la mayor crisis mundial de las últimas décadas. Se han perdido cientos de miles de vidas y la economía mundial experimenta probablemente la peor recesión desde la década de 1930. La pérdida de empleo e ingresos que se deriva afectará negativamente a los medios de vida, la salud y el desarrollo sostenible.
Las sociedades deben protegerse y recuperarse lo antes posible. Sin embargo, no podemos actuar de nuevo como lo hacíamos antes. Un número cada vez mayor de enfermedades infecciosas, como el VIH/sida, el SARS y el ebola, han pasado de la fauna silvestre al ser humano, y todos los datos disponibles apuntan a que la COVID-19 ha seguido el mismo patrón. Cuando comenzó la transmisión de persona a persona de la COVID-19, los sistemas nacionales e internacionales de vigilancia y respuesta no fueron lo suficientemente fuertes ni rápidos como para detener completamente la transmisión. Además, a medida que se propagaban las infecciones, la ausencia de cobertura sanitaria universal dejó a miles de millones de personas, muchas de ellas en países ricos, sin un acceso fiable y asequible a tratamientos médicos. Debido a las enormes desigualdades, los fallecimientos y la pérdida de medios de vida han estado estrechamente relacionados con la condición socioeconómica, situación a menudo agravada por el género o la pertenencia a una minoría.
Tratar de ahorrar dinero dejando de lado la protección del medio ambiente, la preparación ante emergencias, los sistemas de salud y las redes de seguridad social ha resultado ser un falso ahorro y ahora lo estamos pagando con creces. El mundo no puede permitirse nuevas catástrofes de la dimensión de la COVID-19, ya sea a causa de la próxima pandemia o por los daños medioambientales y el cambio climático, cada vez más devastadores. Volver a la «normalidad» no es suficiente.
En la adversidad, la crisis también ha sacado algunos de los aspectos más positivos de nuestras sociedades, desde la solidaridad entre vecinos y la valentía de los profesionales sanitarios y otros trabajadores esenciales que no han dudado en arriesgar su propia salud para atender a sus comunidades, hasta la colaboración entre países para proporcionar socorro de emergencia e investigar sobre tratamientos y vacunas. Las medidas de confinamiento necesarias para luchar contra la propagación de la COVID-19 han desacelerado la actividad económica, pero también nos han dejado entrever que es posible un futuro mejor. En algunos lugares, los niveles de contaminación han disminuido tanto que las personas han podido respirar aire puro, ver el cielo azul y el agua limpia o caminar o montar en bicicleta de forma segura con sus hijos por primera vez en su vida. El uso de la tecnología digital ha acelerado la implantación de nuevas modalidades de trabajo y de comunicación que nos han permitido reducir el tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo, estudiar de forma flexible, realizar consultas médicas a distancia o pasar más tiempo con nuestras familias. Los sondeos de opinión realizados en todo el mundo indican que, en el proceso de recuperación de la crisis, las personas quieren proteger el medio ambiente y conservar los aspectos positivos que han surgido de la crisis.
En cuestión de semanas, los gobiernos nacionales se han comprometido a destinar billones de dólares a mantener y, en última instancia, reactivar la actividad económica. Estas inversiones son esenciales para salvaguardar los medios de vida de la población y, por consiguiente, su salud. Sin embargo, la asignación de estas inversiones y las decisiones normativas que orientarán la recuperación tanto a corto como a largo plazo pueden configurar nuestra forma de vida, trabajo y consumo para los próximos años. Esto es especialmente importante en lo que se refiere a sus efectos en la degradación y la contaminación ambientales, y en particular en las emisiones de gases de efecto invernadero, que son el origen del calentamiento global y la crisis climática.
Las decisiones que se tomen en los próximos meses pueden fijar modalidades de desarrollo económico que causarán daños permanentes y cada vez mayores a los sistemas ecológicos que sostienen la salud humana y los medios de vida o, si se toman inteligentemente, pueden promover un mundo más saludable, más equitativo y más respetuoso con el medio ambiente.
Recomendaciones para una recuperación saludable y respetuosa con el medio ambiente
1) Proteger y preservar la fuente de la salud humana: la naturaleza.
Las economías son el producto de sociedades humanas sanas, las cuales, a su vez, dependen del entorno natural: la fuente original de todo el aire puro, el agua y los alimentos. Las presiones que ejerce el ser humano sobre el entorno, a través de la deforestación, las prácticas agrícolas intensivas y contaminantes, o la gestión y el consumo no seguros de especies silvestres, socavan estos servicios. Asimismo, aumentan el riesgo de que aparezcan nuevas enfermedades infecciosas en el ser humano, el 60% de las cuales provienen de animales, principalmente de la fauna silvestre. Los planes globales de recuperación tras la COVID-19, y en particular los destinados a reducir el riesgo de futuras epidemias, deben ir más allá de la detección precoz y el control de los brotes de enfermedades. También deben minimizar nuestro impacto en el medio ambiente a fin de reducir el riesgo en su origen.
2) Invertir en servicios esenciales, desde agua y saneamiento hasta energías no contaminantes en los centros de salud.
En todo el mundo, miles de millones de personas carecen de acceso a los servicios más básicos indispensables para proteger su salud, ya sea de la COVID-19 o de cualquier otro riesgo. Los equipos para lavarse las manos son esenciales para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas, pero el 40% de los hogares no disponen de ellas. La presencia de patógenos resistentes a los antimicrobianos es generalizada en el agua y los residuos, por lo que su gestión racional es necesaria para prevenir que se propaguen de nuevo entre los seres humanos. En particular, es esencial que los establecimientos sanitarios estén dotados de servicios de agua y saneamiento, en particular de jabón y agua (que constituyen la medida más básica para interrumpir la transmisión del SARS-CoV-2 y otras infecciones), del acceso a una fuente de energía fiable (un servicio indispensable para llevar a cabo de forma segura la mayoría de los procedimientos médicos) y de protección laboral para los profesionales sanitarios.
En total, los riesgos ambientales y profesionales evitables causan alrededor de un cuarto de los fallecimientos en el mundo. La inversión en entornos más saludables para garantizar la atención sanitaria, favorecer la reglamentación ambiental y velar por la resiliencia de los sistemas de salud es una protección esencial frente a futuras catástrofes y ofrece uno de los mejores rendimientos de la inversión para la sociedad. Por ejemplo, cada dólar invertido en el fortalecimiento de la Ley de aire limpio de los Estados Unidos de América se ha transformado en una ganancia de 30 dólares para los ciudadanos estadounidenses en términos de mejora de la calidad del aire y de la salud.
3) Asegurar una transición energética rápida en pro de la salud.
Actualmente, más de siete millones de personas (es decir, una de cada ocho defunciones) fallecen cada año a causa de la exposición a la contaminación del aire. Más del 90 por ciento de las personas respiran aire en el exterior con niveles de contaminación que superan los valores de referencia establecidos en las directrices de la OMS sobre la calidad del aire. Dos tercios de esta contaminación exterior se deben a la combustión de los mismos carburantes fósiles que causan el cambio climático.
Al mismo tiempo, se sigue manteniendo la tendencia a la baja del precio de las fuentes de energías renovables y de su almacenamiento, mientras aumenta su fiabilidad y el número, la seguridad y la remuneración de los puestos de trabajo en el sector. Las decisiones que se tomen ahora sobre las infraestructuras energéticas quedarán fijadas para las próximas décadas. Si se tienen en consideración todas las consecuencias económicas y sociales de las decisiones y si estas se adoptan en interés de la salud pública, se favorecerán las fuentes de energía renovable y, por ende, la reducción de la contaminación y la mejora de la salud de las personas.
Algunos de los países que se vieron afectados en primer lugar y con mayor virulencia por la COVID-19, como Italia y España, y aquellos que han controlado más eficazmente la enfermedad, como Corea del Sur y Nueva Zelandia, han situado el desarrollo respetuoso con el medio ambiente y la salud en el centro de sus estrategias de recuperación tras la COVID-19. Una transición mundial rápida hacia el uso de energías no contaminantes no solo supondría alcanzar el objetivo del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de mantener el calentamiento global por debajo de 2oC, sino que también mejoraría la calidad del aire, de tal manera que los beneficios para la salud resultantes serían dos veces superiores al costo de la inversión.
4) Promover sistemas alimentarios sanos y sostenibles.
Las enfermedades causadas por la falta de acceso a alimentos o los regímenes alimentarios poco saludables y altos en calorías son actualmente la principal causa de salud precaria entre la población mundial. Asimismo, aumentan la vulnerabilidad a otros riesgos; la obesidad y la diabetes, por ejemplo, figuran entre los principales factores de riesgo de morbilidad y mortalidad entre los pacientes de COVID-19.
La agricultura y la ganadería, en particular el desbroce de tierras para el ganado, genera alrededor de una cuarta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, y el cambio del uso del suelo es el factor ambiental más importante en la aparición de nuevos brotes de enfermedades. Es necesario pasar rápidamente a regímenes alimentarios sanos, nutritivos y sostenibles. Si el mundo lograra cumplir las directrices de la OMS en materia de alimentación, se salvarían millones de vidas, se reducirían los riesgos de enfermedad y se lograrían reducciones importantes de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
5) Construir ciudades sanas y habitables.
Más de la mitad de la población mundial vive actualmente en ciudades, las cuales son responsables de más del 60% de la actividad económica y de las emisiones de gases de efectos invernadero. Puesto que las ciudades se caracterizan por una densidad de población relativamente alta y un tránsito saturado, muchos desplazamientos se pueden realizar de forma más eficiente en transporte público, a pie o en bicicleta, que en automóvil privado. Estos medios de transporte también son muy beneficiosos para la salud, ya que reducen la contaminación atmosférica, los traumatismos por accidentes de tránsito y la mortalidad debida a la falta de actividad física, a la que se atribuyen más de tres millones de defunciones anuales.
Muchas de las ciudades más grandes y dinámicas del mundo, como Milán, París y Londres, han reaccionado a la crisis de la COVID-19 haciendo las calles peatonales y multiplicando los carriles para ciclistas a fin de permitir que los desplazamientos respeten el distanciamiento físico durante la crisis, y la reanudación de la actividad económica y la mejora de la calidad de vida después de la crisis.
6) Dejar de utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar la contaminación.
Los daños económicos provocados por la COVID-19 y las medidas necesarias de lucha contra la enfermedad son muy reales y ejercerán una presión enorme sobre las finanzas públicas. Para recuperarse de la crisis provocada por la COVID-19 será inevitable realizar reformas financieras, y un buen punto de partida sería dejar de subvencionar los combustibles fósiles.
A nivel mundial, cada año se destinan alrededor de US$ 400 000 millones de impuestos pagados por los contribuyentes a subvencionar directamente los combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático y contaminan el aire. Además, los costos privados y sociales generados por las repercusiones de esta contaminación en la salud, por ejemplo, no se reflejan generalmente en el precio de los carburantes y la energía. Si se tienen en cuenta los daños a la salud y el medio ambiente que causan, el valor real de las subvenciones se eleva a más de US$ 5 billones anuales, es decir, más de lo que gastan en salud todos los gobiernos del mundo y unas 2 000 veces el presupuesto de la OMS.
Hacer que el precio de los carburantes contaminantes refleje los daños que provocan permitiría reducir aproximadamente a la mitad los fallecimientos debidos a la contaminación del aire en el exterior, disminuir en más de una cuarta parte las emisiones de gases de efecto invernadero y recaudar ingresos equivalentes a un 4% del PIB mundial. Deberíamos dejar de pagar la factura de la contaminación a través de nuestros impuestos y con nuestros pulmones.
Un movimiento mundial por la salud y el medio ambiente
La crisis provocada por la COVID-19 ha demostrado que los ciudadanos apoyarán incluso las políticas difíciles si la toma de decisiones es transparente, basada en datos probatorios e incluyente y, al mismo tiempo, tiene el objetivo claro de proteger su salud, sus familias y sus medios de vida, en lugar de servir a intereses particulares.
Esto debe reflejarse en la formulación de políticas. En la mayoría de los países, los ministros de finanzas dirigirán la elaboración del conjunto de medidas que impulsarán la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19. Dada la estrecha relación entre el medio ambiente, la salud y la economía, también es importante que los dirigentes del ámbito de la salud, como los directores de salud pública, participen directamente en este proceso, presenten informes sobre las consecuencias que las medidas pueden tener en la salud pública a corto o largo plazo y den su aprobación.
Lo más fundamental es tener en cuenta que la protección de la vida, los medios de sustento y el medio ambiente depende del apoyo de la población. Las políticas que no buscan únicamente aumentar al máximo el PIB, sino proteger y mejorar el bienestar, y los gobiernos que luchan contra el cambio climático y la destrucción del medio ambiente con el mismo rigor con el que ahora luchan contra la COVID-19 gozan de un apoyo público generalizado. Un ejemplo de ello son los millones de jóvenes que se han movilizado para exigir medidas no solo en favor del clima y la biodiversidad, sino también por el derecho a respirar aire puro y por su futuro en un planeta habitable.
La comunidad sanitaria es un aliado cada vez más importante para alcanzar este objetivo. Los trabajadores sanitarios son los profesionales que inspiran mayor confianza en el mundo. Sus competencias, dedicación, valentía y compasión han salvado un número incalculable de vidas durante la crisis de la COVID-19, lo que ha elevado el respeto que sienten por ellos sus comunidades a niveles incluso superiores. Los profesionales sanitarios de todo el mundo han mostrado que también son firmes defensores de la protección del medio ambiente y, por tanto, de la salud de las poblaciones al servicio de las cuales trabajan. Están dispuestos a defender que las sociedades sanas, respetuosas con el medio ambiente y prósperas para el futuro, como demuestran en una carta abierta dirigida a los dirigentes del G20, en la que piden una recuperación saludable de la COVID-19.